Emma Iriarte,
Secretaria ejecutiva de la Iniciativa Salud Mesoamérica
Sigiloso, indetectable con pruebas médicas y, en ocasiones, mortal. Se propaga en circunstancias de pobreza, inequidad y exclusión. No es virus, pero sí es el impacto de uno que ha desnudado las vulnerabilidades de nuestros sistemas y que afecta de manera especial a mujeres en edad fértil y a niños menores de cinco años. La interrupción de las cadenas de insumos en salud, el cambio en las prioridades de las agendas de los ministerios de salud y las limitaciones en la disponibilidad de recursos financieros amenazan seriamente los logros consolidados en los últimos años en la salud materna e infantil de millones de mujeres y niños de los países de Mesoamérica.
En los últimos ocho años, los países de la región han logrado significativos avances en la reducción de mortalidad materna y neonatal. La transformación de los sistemas de salud de los países ha logrado lo que hace apenas una década parecía imposible: que las mujeres y los niños que vivían en las áreas más rezagadas tuvieran acceso a los servicios de salud de calidad que necesitaban y merecían.
El esfuerzo conjunto de los países, a través de sus ministerios de salud, de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de socios privados como la Fundación Bill & Melinda Gates y la Fundación Carlos Slim, y de otros socios públicos como el Gobierno de Canadá o el Gobierno de España han logrado forjar alianzas como la Iniciativa Salud Mesoamérica, que ha contribuido a cerrar las grandes brechas que impedían a las mujeres y los niños más pobres de región acceder a servicios de salud de calidad.
El surgimiento del Covid-19 supone un reto adicional en el esfuerzo conjunto por garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. En primer lugar, implica un reto de salud pública inmediato y a corto plazo. Urge garantizar que las redes de salud pública de los países de Mesoamérica tengan los recursos necesarios para atender con calidad y garantías a todos sus ciudadanos en el contexto de la actual pandemia. El actual virus no hace distinción por geografía o por condición social y económica. Todos los ciudadanos de la región, sin ninguna excepción, están expuestos a padecer y contagiar el virus, y todos confían que las instituciones públicas les briden los recursos necesarios hacer frente a esta situación. Los servicios de salud tienen el ante sí el reto de estar a la altura de las expectativas y de la confianza que los ciudadanos tienen depositados en ellos.
Pero existe un reto a medio y largo plazo. Las condiciones de exclusión en la región siguen siendo una dolorosa realidad. Más de 1,8 millones de mujeres y de niños continúan viviendo situaciones de pobreza, incluso de violencia, que condicionan su salud. El surgimiento del Covid-19 no puede ser, en ningún caso, una nueva condena para estas personas.
Un informe recientemente publicado por el Fondo para la Población de Naciones (UNFPA) ha alertado sobre las graves consecuencias que puede sufrir este sector de la población si no hay continuidad de los servicios de prevención de la mortalidad y morbilidad materna y neonatal. La falta de personal y recursos para atender las necesidades de las mujeres y los niños más necesitados podría disparar las cifras de mortalidad materna, así como el número de embarazos no deseados. El informe de UNFPA advierte que, a nivel mundial, si las medidas de confinamiento se mantienen durante seis meses, podrían producirse hasta siete millones de embarazos no planeados.
La urgente lucha contra el Covid-19, en la que todos estamos juntos, no puede eclipsar los grandes avances logrados hasta la fecha por acercar los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, recién nacidos, niños y adolescentes que más lo necesitan en América Latina.